Comienza el último asalto legislativo al aborto en Texas

Antes de la sentencia del Tribunal Supremo que en 2022 eliminó la protección federal al aborto, que rigió durante casi 50 años en Estados Unidos, en Texas se realizaban en promedio unos 4.400 abortos al mes. Desde entonces, la media mensual es de cinco. Para los Republicanos, que controlan todas las ramas del poder del Estado, el dramático descenso oficial no es suficiente. De estas cifras se ocultan a propósito un número desconocido de mujeres que han esquivado la prácticamente completa prohibición de Texas, la más restrictiva del país, y han encontrado la forma de abortar, principalmente con píldoras enviadas desde otros lugares o viajes fuera del Estado. No es poca cosa: a escala nacional, los abortos han aumentado desde que la regulación del aborto quedó en manos de cada Estado.

El 17 de marzo el arresto de la partera María Margarita Rojas y dos de sus trabajadores, los primeros en la era posterior a Dobbs —como se conoce aquella sentencia de 2022—, marcó el inicio del último asalto al aborto en Texas. Diez días después, el pasado jueves, en el legislativo estatal se comenzó a debatir una avalancha de leyes propuestas por congresistas republicanos que buscan cerrar todavía más las opciones de las mujeres que quieren terminar prematuramente un embarazo. La batería legislativa es amplia y cubre diversos flancos. Por un lado, varias leyes buscan restringir precisamente el a las píldoras abortivas y prohibir la financiación pública y privada para viajar a Estados que sí permiten la interrupción de un embarazo. Además, otra ley, esta con apoyo bipartidista, busca iluminar las zonas grises de la prohibición actual, cuyo lenguaje genérico no ha dejado claro qué tan grave debe ser la complicación como para ameritar la inducción de un aborto por parte de un médico. A ambigüedad se han atribuido precisamente un aumento en los casos de sepsis y varias muertes maternas prevenibles.

La más amplia de las normas propuestas, la SB2880, la llamada “ley de protección de la mujer y el niño”, estrecharía el ya asfixiante cerco alrededor de quienes practican abortos o asisten a las mujeres para acabar con un embarazo. Para empezar, permitiría que los ciudadanos privados demanden a organizaciones, médicos o individuos que envíen por correo píldoras de mifepristona o misoprostol, los fármacos abortivos más comunes. También pone en la mira a las empresas tecnológicas y páginas web que facilitan la compra de estas píldoras, buscando que cesen sus actividades en el Estado, aunque también podría afectar sus actividades en otros.

Por otro lado, la ley impone penas criminales que incluyen la cadena perpetua a quienes financien abortos, incluso aquellos procedimientos que se hagan fuera del Estado. También amplía el alcance del beligerante fiscal general texano, Ken Paxton, otorgándole la posibilidad de procesar a personas por realizar abortos si el fiscal del distrito no lo hace, mientras que abre la puerta además a demandas por muertes causadas por negligencia. No se podría demandar, por lo menos, a la mujer que ha terminado su embarazo.

La ley ha sido propuesta por el senador Bryan Hughes, el presidente del Comité de Asuntos Estatales, y el representante Jeff Leach. Ambos son cercanos a los presidentes de las respectivas cámaras, por lo que parece que no tendrá problemas en aprobarse. En cambio, los analistas externos invitados al debate el jueves señalaron que la ley probablemente viola protecciones de libertad de expresión, de movimiento y de comercio. Por lo tanto, se espera que, de pasar, sea demandada. Sin embargo, este tipo de batallas legales son lentas y lo más probable es que mientras no haya una sentencia judicial, la población acate la ley por temor a las graves consecuencias penales que se han tipificado.

Aparte de la SB2880, otras normas también buscan acabar con la provisión de píldoras para el aborto. Dos propuestas independientes exigirían a cualquier proveedor médico estar físicamente presente en Texas antes de recetar o proveer a una paciente medicamentos inductores del aborto. Otra más, tipificaría como práctica comercial engañosa la venta de medicamentos abortivos por Internet sin verificar que un médico del Estado haya realizado antes un examen médico en persona. Y otra busca clasificar como sustancias controladas, es decir, drogas ilegales, a la mifepristona y el misoprostol. Esta ley es similar a una que ha sido acusada en Luisiana de retrasar tratamientos urgentes en casos de aborto espontáneo.

De manera similar a una de las provisiones de la SB2880, otra propuesta de ley, que ha sido calificada como una prioridad por parte del vicegobernador Dan Patrick, impediría que ciudades y condados apoyen fondos para abortos y organizaciones sin ánimo de lucro que ayudan a las personas a viajar fuera del Estado para interrumpir sus embarazos.

El precedente con el que esta norma busca acabar está en dos casos recientes. El año pasado, el Ayuntamiento de Austin destinó 400.000 dólares a ayudar a residentes a salir de Texas para acceder a servicios para el aborto. El fiscal general Paxton y un exconcejal de la ciudad presentaron acciones legales contra la medida, diciendo que violaba la ley estatal. Las demandas siguen en curso. Por su parte, el Ayuntamiento de San Antonio también destinó 500.000 dólares a un fondo de justicia reproductiva, parte del cual se iba a utilizar para financiar viajes. Sin embargo, tras un largo debate y una demanda, finalmente ninguna de las organizaciones a las que apoya el fondo practica directamente abortos o da apoyo logístico.

Otra vía restrictiva que un par de normas propuestas buscan abrir más claramente es la de la objeción por consciencia. Estas permitirían a los profesionales de la salud negarse a prestar asistencia médica no urgente, justificándose en una serie de convicciones morales sinceras. Además, los proyectos de ley señalan específicamente que pueden renunciar a prestar servicios de planificación familiar, asesoramiento y derivación relacionados con la anticoncepción, la esterilización y el aborto. De manera muy similar, otra norma permitiría a los farmacéuticos rehusarse a dar anticonceptivos de emergencia o medicamentos abortivos.

Finalmente, la SB31 o “Ley de la vida de la madre”, que tiene apoyo demócrata también, suprimiría el texto de la prohibición del aborto en Texas que exige que las pacientes embarazadas padezcan una “condición que amenace su vida” antes de que los médicos puedan inducir legalmente un aborto, lo que, según algunos profesionales sanitarios ha causado sufrimiento innecesario y mayores riesgos médicos. Por otro lado, aclararía que se puede acceder a un aborto legalmente si la mujer embarazada está en “riesgo de perder una función vital importante”, como la fertilidad, si se lleva a término el embarazo.

La representante demócrata Donna Howard, presidenta del caucus de la Cámara sobre Salud Femenina, ha dicho que esta norma es un paso adelante necesario, pero que es solo el comienzo para poder recuperar los derechos reproductivos perdidos por las mujeres texanas. “El proyecto de ley elimina las sanciones penales o civiles y protege a todos los profesionales de la salud implicados en el proceso de toma de decisiones”, escribió en una declaración el 14 de marzo, cuando se presentó el proyecto de ley. Al mismo tiempo, dijo Howard, la propuesta “no significa que se haya ganado la batalla. ... Necesitamos una aclaración ahora, y en el futuro, necesitamos restaurar el a la atención sanitaria del aborto para todos los tejanos”. En otras palabras, ante el renovado asedio contra el aborto en Texas, cuatro pasos para atrás y medio para adelante es lo máximo a lo que pueden aspirar los defensores de los derechos reproductivos de la mujer.