El Gobierno aprueba 229 millones de euros para reforzar la Atención Primaria y la salud mental

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 229,2 millones de euros que irán destinados a reforzar la Atención Primaria (172,4 millones), a desarrollar el plan nacional de salud mental (39 millones) y a la prevención del suicidio (17,8 millones).

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que los fondos se repartirán entre todas las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) para Ceuta y Melilla, para reforzar la asistencia: “Es un recurso extra que damos desde el Gobierno de España sin olvidar que las comunidades autónomas tienen la competencia para gestionar los planes de primaria y salud mental, sin olvidar que es aportación que no sustituye a competencia de las comunidades”.

García ha subrayado que son fondos para fortalecer la sanidad pública: “Para hacerla más ancha y para hacer que tengamos una Atención Primaria más ágil, más resolutiva, que haga más humana la atención con los pacientes. Una salud mental que refuerce los equipos, que haga un uso más racional de los psicofármacos y que garantice los derechos de las personas poniéndolas en el centro. Y una prevención del suicidio con una mirada integral en la que haya unas redes de protección más sólidas y que podamos tener mejores datos para actuar mejor y antes”.

Atención Primaria

La mayor partida va destinada a reforzar la Atención Primaria, que ha vivido una creciente saturación desde la pandemia. La mayor demanda asistencial, combinada con un déficit de 4.500 facultativos, ha disparado las esperas en un nivel asistencial que está pensado para dar atención inmediata. El 70% de los españoles tiene que esperar más de un día, casi 24 puntos más que hace cinco años.

“La Atención Primaria tiene que dejar de ser eslabón más débil en el sistema sanitario. Es su corazón y solventa el 80% o el 90% de los problemas de salud. Necesita estar a la vanguardia”, ha subrayado la ministra.

Los 172,4 millones aprobados por Sanidad van destinados a la ampliación de los procedimientos diagnósticos accesibles desde Atención Primaria, la optimización de procesos istrativos, para reducir carga y poder destinar más tiempo a la asistencia; el impulso de la inteligencia artificial para transcribir la conversación en la consulta y que el médico no tenga que estar tecleando mientras atiende al paciente; la renovación de infraestructuras y equipamiento clínico; el fomento de las Escuelas de Salud para la Ciudadanía y de programas para fortalecer el autocuidado y la participación comunitaria; la implementación de programas de detección temprana de violencia de género; la interoperabilidad de las historias de salud digitales; el fomento de programas para garantizar la asistencia sanitaria personas sin hogar.

La mitad del presupuesto se reparte entre los territorios en función de la población, su dispersión y también la insularidad. El 50% restante se reserva para las comunidades que se comprometan a cumplir antes de fin de año una serie de requisitos: la publicación de una nueva oferta de empleo público que incluya todas las categorías de Atención Primaria, contribuyendo a la estabilidad del personal sanitario; la implantación de medidas para garantizar la dotación de puestos de difícil cobertura; el nombramiento prioritario de enfermeras especialistas y acciones para garantizar la estabilidad del 100% de las unidades docentes.

Salud mental

Los 39 millones que se repartirán entre las comunidades servirán para dar cumplimiento al plan de salud mental que Sanidad y las autonomías aprobaron este mismo año ante un brusco crecimiento de problemas de esta índole que la pandemia también aceleró. Los casos aumentaron un 26% entre 2019 y 2023, según los informes anuales del Sistema Nacional de Salud.

La financiación dará cobertura a los ocho pilares de esta estrategia: refuerzo de los recursos humanos; dar alternativas a la institucionalización, como pueden ser los equipos de atención domiciliaria; acciones para luchar contra el estigma; programas formativos para uso adecuado de fármacos y deprescripción cuando esté indicada; atención a colectivos vulnerables; salud mental perinatal, de la infancia y la adolescencia, con actuaciones preventivas y programas especializados; desarrollo de registros para mejorar el análisis y la planificación y planes de al empleo de personas con trastorno mental.

Prevención del suicidio

El presupuesto para prevenir el suicidio (17,8 millones) también se enmarca en un plan que aprobó el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en febrero pasado para abordar un problema que venía creciendo en los últimos años, pero que se frenó ligeramente en 2023 (último dato publicado). Las autólisis fueron entonces la segunda causa de muerte no natural en España (3.952 decesos, un 6,5% menos que en 2022), solo por detrás de las caídas y los ahogamientos.

La partida está destinada a impulsar campañas de concienciación; desarrollar programas comunitarios centrados en fortalecer el bienestar emocional en personas mayores, colectivos LGTBIQ+ y quienes se encuentren en exclusión social; promover la reforma de las urgencias en los hospitales generales para mejorar la accesibilidad de personas en crisis de salud mental; crear dispositivos comunitarios e iniciativas a pacientes con enfermedades graves, dolor crónico y otra vulnerabilidad.