La vivienda no puede esperar más

La crisis del a la vivienda se ha convertido, sin duda, en la gran preocupación de los españoles. El Banco de España calcula que hacen falta casi 700.000 pisos para satisfacer la demanda, unas 80.000 casas más que hace un año, según recoge en su informe anual, publicado el pasado martes. El organismo público señala que la inversión residencial sigue siendo insuficiente para atender la formación de nuevos hogares. Y advierte de que el déficit habitacional está provocando un problema social de primera magnitud.

Hace tiempo que el Gobierno identificó ese problema, pero no ha conseguido ponerle coto. Ya en abril de 2023 aprobó la ley de vivienda, que permitía limitar el alquiler en zonas tensionadas, y lanzó un ambicioso paquete para movilizar más de 100.000 casas e impulsar un parque público de alquiler con el objeto de descongestionar el mercado residencial. Muchas de las medidas han encallado en los Parlamentos regionales. El pasado enero volvió a lanzar otro paquete de medidas para promover la vivienda pública, limitar los pisos turísticos e intervenir en el mercado. El a la vivienda está a un paso de convertirse en un drama generacional. Miles de jóvenes, sobre todo en las grandes capitales, no pueden permitirse comprar una casa y la alternativa, el alquiler, se ha encarecido hasta niveles que impiden desarrollar un proyecto vital.

El Ejecutivo de coalición ha realizado un diagnóstico acertado, pero el hecho de que la mayoría de las competencias del ramo estén en manos de las comunidades autónomas ha sembrado de dificultades la puesta en marcha de sus recetas contra esta crisis. En ese sentido, se entiende la proposición de ley que el grupo socialista registró el pasado jueves en el Congreso para impulsar el alquiler de viviendas a precio asequible. Un plan que pretende hacer más accesible el mercado inmobiliario y concreta algunas de las medidas esbozadas por el presidente hace seis meses.

La proposición cuenta con tres ejes fundamentales: medidas para limitar los pisos turísticos, incentivos fiscales para sacar al mercado miles de viviendas vacías e importantes incentivos fiscales para abaratar los alquileres. Entre las iniciativas destacan las propuestas de carácter tributario, la vía más directa para intervenir en el mercado, pero también contiene cambios regulatorios para intentar ampliar el parque inmobiliario. La propuesta está bien orientada y es suficientemente ambiciosa. Recoge una inquietud creciente en la UE por el efecto de los pisos turísticos sobre el mercado. Por eso, propone gravar con un IVA del 21% los alquileres de corta duración en las poblaciones de menos de 10.000 habitantes. Asimismo, eleva la tributación para las segundas viviendas en el impuesto sobre la renta para intentar dinamizar el mercado del alquiler. Y establece importantes incentivos fiscales, de hasta el 100%, para aquellos propietarios que arrienden a precios asequibles.

El plan de choque planteado por el Ejecutivo está bien diseñado y contiene medidas concretas y detalladas, pero no está garantizado que vea la luz. La proposición se presenta en un momento parlamentario delicado, con un Gobierno en minoría y con unos apoyos frágiles. De hecho, la acogida de muchos de sus socios ha sido tibia. Aun así, hace bien el Gobierno en llevar el debate al Congreso. La crisis de la vivienda no puede esperar más a los cálculos políticos de uno u otro color. Es urgente que todos los partidos se tomen en serio este problema y debatan en el foro que les corresponde las medidas para tratar de encontrar soluciones a un problema social que no para de crecer y evitar que miles de jóvenes caigan en la desesperanza.