Bukele, como Ortega y Maduro

Los extremos no se tocan. El lugar común más recurrente de los análisis más simplistas impugna de un plumazo, además, dos siglos y medio de filosofía política, al menos desde la Revolución sa. Lo que es transversal es la valía de las personas que habitan la política. O su ausencia de ella. El ejercicio del poder hace, por ejemplo, que dos presidentes centroamericanos con historias y proyectos en las antípodas, al menos sobre el papel, tengan más que un rasgo en común. Nayib Bukele es uno de los mandatarios que más pasiones despierta en redes sociales. Hace años se autodenominaba en Twitter como “el dictador más cool del mundo mundial”. Ahora en su biografía de X se presenta como “philosopher king”, quizá una referencia al rey filósofo de Platón, una figura que poco tiene que ver con este publicista que hoy se parece más al caudillo nicaragüense Daniel Ortega o al venezolano Nicolás Maduro.

Lo obsceno de lo que ocurre en El Salvador es la exhibición de fuerza, con una política penitenciaria que se jacta de aniquilar la dignidad humana, pero la verdadera deriva autoritaria se cimienta también en lo que parecen detalles, en la letra pequeña. La semana pasada el Parlamento dominado por el partido de Bukele aprobó la llamada Ley de Agentes Extranjeros, cuyo nombre ya sugiere su función. La norma definirá qué organizaciones humanitarias o medios de información pueden trabajar en el país y someterá a las ONG que obtengan ese permiso a una tributación del 30% de sus ingresos. Una mordaza en toda regla en un territorio donde la guerra contra las pandillas criminales fue un éxito rotundo a cambio de un profundo deterioro de derechos fundamentales y libertades.

Juan Pappier, subdirector para las Américas de Human Rights Watch, puso el dedo en la llaga al publicar un hilo con los paralelismos entre esta ley salvadoreña y la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros promulgada en Nicaragua en 2020. El objetivo es, en definitiva, identificar las fuentes de financiación con el pretexto de blindarse ante cualquier interferencia en la opinión pública o supuesto menoscabo de la soberanía nacional. El año pasado, también la Asamblea Nacional venezolana, un órgano controlado por el chavismo que se renovará precisamente a partir de las elecciones legislativas convocadas este domingo, tramitó una ley de fiscalización de las ONG y asociaciones sin fines de lucro que, en la práctica, buscaba poner coto a estos organismos. La misión de Naciones Unidas en el país caribeño denunció sin medias tintas que se trataba de “un mecanismo más para reprimir e impedir el trabajo de los defensores y defensoras de los derechos humanos”.

Este viaje de aparentes contradicciones entre uno de los gobernantes más cercanos a Donald Trump y sus enemigos declarados en Latinoamérica no acaba aquí. Bukele, que ofreció sus cárceles para que la istración republicana deportara a supuestos de la banda criminal venezolana Tren de Aragua, tiene en su círculo a unos asesores que proceden del sector más radical del antichavismo. “El Salvador acaba de reescribir las reglas sobre el financiamiento extranjero [...]. Los partidarios lo consideran un acto de transparencia debido”, escribió un influencer con más de dos millones de seguidores en X, Mario Nawfal. “Recuerden mis palabras: esto desatará un frenesí internacional. Seremos testigos de una carrera desenfrenada al estilo de la ‘contención soviética”, aventuró otro tecnobro, Mike Benz, en referencia a la contraofensiva cultural de Washington frente a Moscú durante la Guerra Fría. “Esta ley se extenderá a otros países”, sentenció.

La realidad es que El Salvador no inauguró nada, sino que lo hicieron Daniel Ortega, Rosario Murillo y Nicolás Maduro, o en todo caso los asesores de sus regímenes autoritarios. Y la indignación de los demócratas no responde a ningún frenesí; responde al respeto a los derechos humanos, a las reglas de la convivencia y a la democracia.