La batalla por la nueva Suprema Corte: más política, más vigilada y con 8.000 asuntos pendientes

Era el 5 de febrero de 2024 y entre su última batería de reformas, Andrés Manuel López Obrador enviaba: “Los jueces, magistrados y ministros serán electos de manera directa por el pueblo”. El entonces presidente tenía un problema enquistado con el poder judicial. En la mañanera se acusaba a diario a los jueces de estar “liberando a delincuentes” y a los ministros, de votar en contra de los proyectos de la Cuarta Transformación. Desde el máximo tribunal del país: silencio, “que hablen las sentencias”, se decía entonces. López Obrador había lanzado al aire la idea de una elección judicial mucho antes, sin que nadie se diera por aludido, ni la considerara siquiera posible. Fue con la mayoría aplastante que consiguió Morena en las elecciones del pasado 2 de junio, cuando la crisis estalló en la Suprema Corte y los ministros trataron de salvar una casa en llamas. No lo lograron: este domingo casi 2.700 cargos judiciales se elegirán en las urnas. De ahí saldrán los nuevos integrantes de una Suprema Corte más política, más vigilada y con mucho más trabajo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es la joya de la corona judicial. Sus integrantes son los jueces más importantes del país, los encargados de dirimir los conflictos entre poderes y de velar por el cumplimiento de la Constitución. Siempre han sido la aristocracia del poder judicial y también, en ocasiones, una molestia para el Ejecutivo. En el Gobierno de Felipe Calderón, la Corte incluso entregó uno de los más preciados trofeos del presidente y de su zar en Seguridad, Genaro García Luna: la libertad de Florence Cassez. Sin embargo, ningún Gobierno se atrevió a lo que va a suceder este domingo, unos comicios sin precedentes ni dentro ni fuera de México.

El país va a elegir 881 cargos federales y en 19 Estados, además, se van a votar 1.800 cargos estatales. La participación se ha convertido en la última batalla moral de Morena, el promotor de unos comicios polémicos, complejos y organizados con poco presupuesto. El INE ha calculado que cada persona tardará unos nueve minutos en votar y los expertos avisan que es muy probable que suceda un voto cruzado, es decir, que haya muchos más votos para la Suprema Corte, por ejemplo, que para los juzgados de distrito. Esto es porque el 70% de los votantes, según una encuesta de EL PAÍS, no conoce a los candidatos. Dentro del desconocimiento, algunos nombres suenan más que otros, como los de las ministras en funciones. La persona más votada —dentro de la boleta morada— conseguirá la presidencia de la Suprema Corte, el premio grande de estas elecciones.

¿Pero qué tribunal va a quedar después de los comicios? La nueva corte entrará en funciones el 1 de septiembre con nueve integrantes, en vez de 11. Esta reducción se ha hecho, critica el abogado Luis Tapia, sin ningún diagnóstico. La mayoría de los elegidos serán ministros por primera vez. Esto implica que tendrán que aprender desde cero. Hasta ahora, los iban llegando conforme se iban los que cumplían los 15 años en el cargo, esto garantizaba siempre una experiencia general del tribunal. Además, van a desaparecer las dos salas que se repartían los asuntos, para que todos pasen a discutirse en el pleno.

Ambos cambios amenazan con agravar el rezago que ya arrastra la Corte. La ministra Loretta Ortiz reconoció que el tribunal va a empezar septiembre con más de 8.000 asuntos pendientes; cómo van a hacer para sacarse los pendientes de encima le está, literalmente, quitando el sueño. La abogada Melissa Ayala señala también preocupada la “reconfiguración absoluta” de una Corte ya saturada, que va a tener que afrontar ahora “la curva de aprendizaje” de los nuevos ministros, que serán además dos menos que antes.

Luis Tapia, especialista en derechos humanos, apunta directamente a la eliminación “irreflexiva” de las salas como el principal obstáculo: “Va a tener consecuencias concretas, porque las salas son especializadas; la primera resuelve asuntos penales y civiles y la segunda, laborales y istrativos. Y resuelven mucho más que el pleno, en un día pueden sacar 60 asuntos, mientras que el pleno resuelve uno o dos al día y si es complejo ni siquiera uno”.

Además, las nuevas reglas de la reforma judicial dictan que los juzgadores tienen un máximo de seis meses para resolver. “Es una verdadera obra titánica”, reconoció la ministra Loretta Ortiz en una entrevista con EL PAÍS. La investigadora de la UNAM, Aleida Hernández, apunta que “no todo es blanco o negro” y “hay formas de salir de la situación”: desde la petición de prórrogas al Tribunal de Disciplina hasta aumentar las sesiones y robustecer el cuerpo técnico. “Es normal el vértigo ante un cambio estructural, pero en las normas siempre hay un espacio para la flexibilidad, se llama ductilidad en el derecho”, apunta.

Más allá del alud de pendientes, la nueva Corte va a nacer con un asunto urgente a resolver: nombrar a los integrantes del Órgano de istración Judicial (OAJ). Hasta ahora, el presidente de la Suprema Corte lo era también del poderoso Consejo de la Judicatura Federal. Eso cambia también con la reforma, que separa al Consejo de la Corte y lo desgaja en dos dependencias distintas: el Tribunal de Disciplina (cuyos cinco integrantes se elegirán también el domingo) y el Órgano de istración, que va a manejar la mayoría del millonario presupuesto judicial y decidirá las adscripciones y movimientos de todos los jueces federales.

Los del OAJ no van a ser elegidos por voto popular, sino que tres lo serán por la Suprema Corte, uno por el Senado y otro por la presidenta Claudia Sheinbaum. Va a ser uno de los órganos más importantes del nuevo poder judicial y casi el único, junto a los tribunales militares, que no va a ser elegidos en las urnas. Esa es la tarea del primer día de unos ministros de la Suprema Corte que todavía no se conocen. “Antes siquiera de conocer a su equipo, de buscar en google donde está la SCJN, los ministros tienen que designar al órgano de istración o si no podríamos tener una justicia parada por meses”, apunta Melissa Ayala.

Será hasta la semana que viene que se conozcan los candidatos más votados para la Corte. Pero, los expertos adelantan que la elección dejará de por sí una Corte más política —con unos candidatos que han sido orillados a hacer campaña y propuestas—, en las que, además, la baja participación —que la encuesta de Enkoll para este periódico ha estimado en un 23%— puede dar más poder a quienes sí acudan a las urnas. Los más movilizados, hasta ahora, son los seguidores de Morena, que se juega su capital político en esta elección. “Va a quedar una Corte obediente al poder político”, apunta Luis Tapia, “esto la vuelve menos importante, porque pierde relevancia como contrapeso. Quizás más parecida a la del 95, donde no se debaten los temas centrales, como el aborto, la militarilización, la reforma energética o electoral, la prisión preventiva oficiosa...”.

Por otro lado, señala Aleida Hernández, también va a ser una corte mucho más vigilada. “La sociedad, ahora que puede incidir en algún grado en su configuración, va a estar viendo el desempeño de los ministros, lo que han hecho y han dejado de hacer, sus relaciones políticas, económicas, militares... Ese escrutinio público me parece sano en una democracia sustantiva. Estoy convencida de que va a ser una corte más preocupada por su desempeño”.