Sheinbaum confirma el cese de al menos cinco funcionarios por las irregularidades en Birmex: “Hubo colusión con algunas empresas”

Las irregularidades detectadas en Birmex, los laboratorios estatales encargados de la compra de medicamentos, comienzan a saldarse con las primeras destituciones. La presidenta, Claudia Sheinbaum, ha confirmado este miércoles el cese de “cinco o seis” funcionarios implicados en la adquisición de los medicamentos, incluido el director general del organismo, Iván Olmos, que ha sido reemplazado por el diputado morenista Carlos Ulloa, quien ya había formado parte del equipo de la presidenta durante su mandato en la Ciudad de México. “Cambiamos a los servidores públicos de Birmex porque, mientras se hace la investigación, no pueden seguir allí. Todos los que estuvieron involucrados, ya sea directa o indirectamente con este proceso, que no fue claro y que hubo colusión con algunas empresas privadas de las farmacéuticas, fueron separados de su cargo”, ha detallado durante su conferencia matutina en Palacio Nacional. Esta es la primera destitución por corrupción en el Gobierno de la mandataria.

La asignación de contratos con sobrecostes de más de 13.000 millones de pesos en el 6% de las claves, el nombre técnico con el que se designa el código que comparten los mismos medicamentos, hizo saltar las alarmas en febrero. La Subsecretaría de Salud de Eduardo Clark, quien coordina las compras, paralizó entonces la adquisición de esas piezas. El resto del procedimiento, con el que ya se habían adjudicado el 73% de los contratos, siguió su cauce, pero este martes la Secretaría Anticorrupción declaró nula la licitación completa, en la que detectó vicios de entrada. “Es como cuando ustedes juegan y se anula un juego porque alguien hizo trampa y hay varias tiradas. No importa cuántas tiradas sean, si hizo trampa, pues hizo trampa”, ha comparado la titular del ramo, Raquel Buenrostro, esta mañana, para explicar por qué se anulaba toda la compra y no solo la de las claves afectadas: 175 de 2.788.

La secretaria ha especificado la existencia de dos investigaciones paralelas. La primera, que concluyó el martes con la anulación del procedimiento, consistió en revisar el proceso. La segunda consiste en investigar la responsabilidad de los servidores públicos. Esta todavía sigue abierta. “Todas las investigaciones se van a agotar, y todos los que resulten responsables se les va a proceder, ya sea en la vía istrativa o penal, o en ambas. Lo que resulte”, ha advertido.

La primera investigación se produjo como resultado de las sospechas en las dos secretarías involucradas. Por un lado, Salud detectó la asignación de contratos a sobreprecios. Por otro, Anticorrupción recibió quejas de algunas empresas sobre los resultados de la licitación. El procedimiento siguió su curso mientras se hacían las averiguaciones para priorizar el abasto, la principal preocupación en el sector, que el año pasado alcanzó un nivel de insuficiencia del 30%, según sus estimaciones.

El Gobierno ha despejado las dudas sobre esta cuestión y ha asegurado que las contrataciones que se realizaron conforme a la ley seguirán adelante, a pesar de la anulación del proceso, y los proveedores serán pagados por las piezas entregadas. Para salvar el limbo legal, los contratos serán concedidos mediante asignación directa a quienes habían ganado la propuesta. En el caso de las claves sospechosas, se asignarán de nuevo mediante una subasta inversa, es decir, las empresas competirán entre sí con precios cada vez más bajos. “Se previó tener una solicitud de suministro alta para que, en caso de que sucediera lo que sucedió [la anulación], se contara con suficiente abasto y dar tiempo suficiente para volver a realizar el proceso”, ha indicado Buenrostro. La resolución de Anticorrupción da a Birmex hasta el 21 de abril para remitir la documentación solicitada. Además, el organismo deberá reponer el proceso actual, previsto para mayo. A comienzos de abril, se habían recibido ya 233 millones de insumos de los 381 millones solicitados por el Gobierno, el 61%, una compra que asciende hasta ahora a 248.000 millones de pesos.

Este es, al menos, el segundo caso de corrupción detectado en los laboratorios estatales en un corto periodo de tiempo. En una auditoría forense correspondiente al ejercicio fiscal de 2023 hecha pública este febrero, se recogían irregularidades por un monto de 1.045 millones de pesos (unos 51 millones de dólares), un 25% de la muestra auditada. El Gobierno no se ha pronunciado sobre ello. Sobre el procedimiento actual, no obstante, la presidenta ha lanzado un mensaje claro: “No podíamos hacernos como que no pasó nada. Dijimos cero corrupción, y es cero corrupción”.