Tres ex altos cargos de Ayuso y una geriatra, citados como querellados en una segunda causa por las muertes en las residencias

Un juzgado de Leganés (Madrid), el número 6, ha abierto una segunda causa judicial contra ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso directamente implicados en la gestión de las residencias durante la primera ola de la pandemia en la Comunidad de Madrid, según ha informado este viernes en un comunicado la plataforma Marea de Residencias. Así, el 17 de junio declararán como “querellados” el exdirector de coordinación sociosanitaria, Carlos Mur; Javier Martínez Peromingo, que le sustituyó en el puesto cuando fue destituido, en mayo de 2020; el entonces director del SUMMA 112, Pablo Busca; y la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa. Los dos primeros ya están siendo investigados por la misma razón en otro juzgado. Durante la crisis sanitaria, 7.291 personas murieron en las residencias de Madrid.

Mur y Martínez Peromingo ya fueron convocados a declarar como investigados por la misma razón el 26 de mayo en el juzgado número tres de instrucción de plaza de Castilla, en Madrid, una cita que fue suspendida por una cuestión de procedimiento: no habían recibido toda la información del caso. En aquella ocasión también tenía que haber comparecido como imputado Antonio Burgueño, que asesoró al gobierno regional durante la pandemia, y que en el caso ahora abierto en Leganés ha sido citado como testigo.

En esta segunda causa, Alberto Reyero, exconsejero de Políticas Sociales que denunció la discriminación sufrida por los residentes desde el primer momento de la pandemia, testificará el 3 de junio. Ese mismo día declararán, también como testigos, Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitales, y Burgueño.

Las asociaciones de familias ven en estas imputaciones un avance en una causa que parecía perdida después de cinco años de derrotas judiciales. En ese tiempo, han visto cómo los múltiples jueces competentes han sido reacios a conectar las muertes con las decisiones políticas. Sí han sido imputados trabajadores de residencias por no derivar al hospital a los fallecidos, aunque en ningún caso se ha producido condena alguna.

Los familiares denunciantes creen que la responsabilidad última recae sobre los políticos que diseñaron un sistema que privó de la adecuada asistencia sanitaria a los fallecidos. Por eso, han señalado desde el principio a la presidenta Ayuso y a dos exconsejeros, el de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero; y el de Justicia e Interior, Enrique López.

Por ejemplo, el juzgado número tres de instrucción de plaza de Castilla, que es el primero en haber citado como investigados a los ex altos cargos de Ayuso, es uno de los muchos que habían examinado previamente el caso residencias, que en 2020 se fragmentó en múltiples investigaciones en función del lugar donde se produjeron los fallecimientos. Así, este juzgado cerró este asunto hace tres años cuando llegó a sus manos por primera vez, pero lo reabrió el 1 de abril a petición de la Fiscalía.

Este giro se debe a que 109 familiares presentaron en octubre ante el Ministerio Público una nueva denuncia por un delito que no había sido considerado antes: el de discriminación en el a un servicio público, en este caso la asistencia sanitaria. Se trata, aducen, de un tipo penal más fácil de probar que el homicidio o la omisión de socorro porque estos otros delitos exigen demostrar la relación de causa efecto entre las decisiones políticas y las muertes.

Sin embargo, el procedimiento que se sigue en el Juzgado 6 de Leganés no parte de una denuncia de la Fiscalía, sino de una querella presentada por dos familiares de residentes. Ambas causas sí comparten el motivo de la denuncia: la comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal.

En el caso de Leganés, los tres ex altos cargos y la geriatra declararán como “querellados”. Un representante legal de los familiares de las víctimas asegura que en este caso esa condición se equipara a la de investigado.