La alcaldesa de Villa del Prado, juzgada por presuntas irregularidades en la contratación

La Audiencia Provincial de Madrid ha juzgado este lunes a la alcaldesa de Villa del Prado, Belén Rodríguez Palomino, del PP, por la presunta comisión de un delito continuado de prevaricación istrativa en relación con supuestas irregularidades detectadas en la contratación de dos empresas para prestar servicios de electricidad y fontanería en el cosistorio. Estas empresas fueron contratadas a dedo y se les llegó a pagar más de 600.000 euros por sus trabajos durante cuatro años. El juicio ha quedado visto ya para sentencia.

El fiscal solicita para la regidora de Villa del Prado, un pueblo madrileño de 7.500 habitantes que el PP gobierna con mayoría absoluta, la pena de ocho años inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo. En su informe de conclusiones, la Fiscalía ha rebajado la petición de inhabilitación, que en principio era de 12 años, por un cambio en la ley que la beneficia. La acusación particular, que ejerce el concejal de una formación local, Vecinos por Villa del Prado y que denunció el caso, ha mantenido su petición de 12 años de inhabilitación.

Según el relato de la Fiscalía, al que ha tenido este diario, la acusada era alcaldesa del Ayuntamiento de Villa del Prado entre el año 2007 y mayo de 2019, cuando sucedieron los hechos, y antes había sido concejal de dicho Consistorio. Rodríguez decidió que “el Ayuntamiento de Villa del Prado contratara verbalmente a las empresas Cochele Electricidad S.L. e Instalaciones Barbero S.L. para prestar servicios de electricidad y fontanería, respectivamente, con carácter permanente y no meramente de urgencia”.

Y lo hizo “sin previa licitación istrativa ni ningún tipo de expediente istrativo o procedimiento de contratación, a pesar de tener pleno conocimiento de que con ello vulneraba de forma palmaria la normativa istrativa de contratación pública”.

Así, durante los mandatos de la acusada, aquellas empresas realizaron servicios rutinarios y de mantenimiento para “el Consistorio sin cobertura legal o contractual alguna”, más allá de supuestos de urgencia, girando las correspondientes facturas, aun cuando la Secretaria del Ayuntamiento y la Interventora advirtieron reiteradamente a la acusada de tal irregularidad para que licitara tales contratos”.

En cuatro años, el Ayuntamiento de Villa del Prado habría pagado 633.400 euros a dos empresas por servicios que le adjudicó sin haber organizado un concurso público. “Concretamente, la empresa Instalaciones Barbero S.L. facturó trabajos al Consistorio por valor de 80.741 euros en el año 2014, 92.672 euros en el año 2015, 42.336′94 euros en el año 2016 y 63.181′53 euros en el año 2017″, recoge el escrito.

Por su parte, según el fiscal, “la sociedad Cochele Electricidad S.L. facturó trabajos al ente local por valor de 101.903 euros en el año 2014, 82.998 euros en el año 2015, 100.401,52 euros en el año 2016 y 69.163,61 euros en el año 2017″.

Si bien desde 2015 la oposición vino denunciando los hechos en el pleno del Ayuntamiento, no fue hasta 2019 cuando se licitó formal y públicamente la contratación de los servicios anteriormente mencionados, resultando Instalaciones Barbero S.L. adjudicataria del servicio de fontanería.

Este diario ha pedido en el Ayuntamiento hablar con la alcaldesa, que se encuentra desde primera hora de este martes trabajando en su despacho, de momento sin respuesta. Rodríguez, licenciada en Psicología y de 63 años, se presentó a las últimas elecciones, en 2023, con el visto bueno de la líder del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, pese a que estaba imputada desde 2019. De hecho, su imputación se produjo días antes de que fueran proclamados los candidatos a las municipales de ese año por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid al estar aforada en su condición de diputada de la Asamblea de Madrid ―ya no lo es, no fue en las listas al Parlamento regional de 2019 ni de 2023―.

La alcaldesa sigue a día de hoy en su cargo, pese a estar pendiente de sentencia, y no tiene previsto dimitir. Tampoco el PP le va a pedir que lo haga. Una portavoz del PP de Madrid explica que este “no es un caso de corrupción, puesto que no hay enriquecimiento ni beneficios a familiares”. Para el partido, se trata de “un pequeño ayuntamiento que no tiene medios para hacer concursos y adjudica” directamente.

“Los contratos referidos lo son por la prestación de servicios básicos y de carácter obligatorio para el Ayuntamiento, como es el mantenimiento general del municipio que, por tanto, no podían dejar de prestarse”, justifica, para añadir que “el propio fiscal solicitó el sobreseimiento de la causa y archivo de la causa en mayo de 2021″. La portavoz añade que en el PP de Madrid se aplica el Código Ético y de Conducta del PP de ámbito nacional, que no dice nada sobre estos casos.

En 2018, se aprobó un Código Ético del PP de Madrid, que obliga a la renuncia voluntaria al cargo a los “investigados formalmente por delitos de corrupción o por delitos que por su gravedad causen una especial alarma social, ante cualquier órgano jurisdiccional”. Este código quedó derogado por el nacional y tampoco “estamos ante ninguno de los dos supuestos que recogía el Código Ético” regional.