Exdirectores de la DGAiA justifican los contratos de emergencia por la aplicación del 155 y la masiva llegada de menores

La crisis de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAiA) ha llegado al Parlament de Catalunya en plena polémica por supuestas irregularidades en la contratación de servicios recogidas en un informe de la Sindicatura de Cuentas. Tras la refundación de la institución anunciada el pasado lunes por la consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, cinco altos cargos de la entidad y del anterior Govern han comparecido este miércoles en la Comisión de Derechos Sociales para rendir cuentas de la gestión que les llevó a subcontratar 292 centros de menores tutelados por valor de 114,6 millones de euros mediante el proceso de contratación de emergencia y de prórrogas. Todos ellos han coincidido en que la intervención de la Generalitat durante el procés mediante el artículo 155 de la Constitución, la llegada masiva de menores no acompañados y la falta de presupuestos les obligó a dar una respuesta que, según ellos, “fue efectiva y estuvo en todo momento fiscalizada y amparada por la Ley 3/2016, de medidas urgentes en materia de contratación pública”.

Los llamados a comparecer en sede parlamentaria han sido el exconsejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Chakir el Homrani (ERC); el exsecretario general de la misma cartera entre 2016 y 2020, Josep Ginesta; y Oriol Amorós, quien le sustituyó en el cargo entre 2021 y 2024. Además, también han comparecido dos de los exdirectores de la DGAiA: Ricard Calvo (ERC), quien estuvo al frente entre 2016 y 2017; y Esther Sara Cabanes, quien lo relevó hasta la investidura del actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

El informe de la Sindicatura de Cuentas constata que el procedimiento de emergencia y la extensión de las prórrogas se hizo “sin ningún amparo legal ni documental”. La postura de los comparecientes ha sido unánime al tildar el documento de “incoherente” porque, según el exsecretario general Calvo, la Oficina Antifraude constató la inexistencia de irregularidades. “La disponibilidad presupuestaria para hacer nuevas contrataciones era nula. Las contrataciones tienen su origen en condiciones de desbordamiento. Como istración teníamos la responsabilidad política, social y moral de velar por la seguridad de los menores”, ha defendido Calvo. El exsecretario se ha amparado en que todo ocurrió en plena aplicación del artículo 155 y en un contexto en el que el Govern atendía a más de 8.057 menores migrantes, muchos de los cuales pasaron varias noches en dependencias de los Mossos d’Esquadra por falta de plazas.

Calvo, que fue nombrado director de la DGAiA por la exconsejera Dolors Bassa (ERC), había sido hasta entonces tesorero de Plataforma Educativa, un grupo de una decena de fundaciones y cooperativas que gestionan gran parte de los centros externalizados de la DGAiA. Entre ellas se encuentran la Fundación Resilis y la fundación Mercè Fontanilles, que percibieron entre 2016 y 2020 hasta 147 millones de euros, el 18% del dispendio de toda la dirección. Ante las críticas, Calvo ha apuntado que un informe de la Comisión Ética en la Contratación Pública, emitido el 27 de mayo de 2019, concluyó que no había indicios de prevaricación ni conflicto de intereses entre su posición de director general y su anterior cargo como gerente de estas entidades.

En el informe de la sindicatura, la síndica Maria Àngels Cabacés detalla que la DGAiA tramitó reconocimientos extrajudiciales de crédito y usó contratos de emergencia para la apertura de centros de menores, pero que estos fueron a dedo sin respetar la legislación. Ginesta y Homrani han justificado que la contratación requiere una continuidad asistencial y que los servicios eran de obligada prestación. “Si finaliza el contrato para la alimentación de los menores, no podemos dejarlos sin comer. Debíamos incrementar las plazas y hacer más centros, y el único mecanismo que teníamos era a través de la contratación de emergencia”, ha apostillado el exconsejero. Sobre los 118 centros que siguieron con los servicios una vez se habían extinguido los contratos, Amorós ha dicho que dada la situación de emergencia de los menores, no podían esperar los tres meses que puede se puede alargar un procedimiento habitual.

Homrani y el resto de comparecientes han afeado las reacciones de Junts por cuestionar la legalidad de los contratos y han recordado que las contrataciones que se ejecutaron entre 2016 y 2020 fueron aprobadas por el consejo ejecutivo presidido, primero por el expresidente Carles Puigdemont, y después por su sucesor, Quim Torra.

El caso de los abusos a la menor no llegó al Govern

La exdirectora de la DGAiA, Ester Sara Cabanes, ha negado que la menor de 12 años víctima de una red de pederastia estuviese bajo la tutela de la Generalitat cuando empezaron los abusos. Fuentes del anterior Govern detallan que la menor ingresó, a petición de sus padres, en un centro de dirección de menores debido a la situación familiar delicada que sufría, ya que su madre padecía de un cáncer terminal, y donde solo dormía dos o tres días por semana.

En octubre de 2021 la madre detectó que la niña se había escapado un par de días y alertó a los educadores del centro, quienes informaron a los padres de que la menor aseguraba tener un novio. Los educadores constataron que aquella “relación” no era adecuada al tratarse de alguien mayor. Los padres interpusieron una denuncia ante los Mossos d’Esquadra, que iniciaron la investigación mediante el rastreo del ordenador del centro para monitorear las redes sociales, páginas web y aplicaciones que la niña consultaba.

Los resultados de la investigación no se revelaron hasta junio de 2024, cuando los Mossos d’Esquadra informaron del caso Democles en una rueda de prensa. Sin embargo, nadie informó previamente a la exconsejera de Derechos Sociales Violant Cervera, ni a su predecesor, Carles Campuzano, según confirman fuentes del gobierno de Pere Aragonès. Fuentes que a su vez aseguran que no se puede revelar el resultado de expedientes ni de actuaciones concretas del sistema de la DGAiA por protección de datos.