Los descensos a los infiernos de Francisco Martínez

Francisco Martínez nunca pensó que dormiría la noche de su 50 cumpleaños en un calabozo de la Policía Nacional. Y, mucho menos, que dos días después lo haría en una celda de la madrileña cárcel de Soto del Real. “He aprendido mucho de mis errores. Sobre todo, a fiarme de mi intuición y a aplicar el sentido común”, había escrito el exdiputado del PP en uno de los perfiles profesionales que creó para rehacer su vida como abogado desde que, en 2019, se convirtió en un apestado de la política por su supuesta implicación en las tramas parapoliciales creadas en los gobiernos de Mariano Rajoy. Sin embargo, el pasado martes, justo el día que debía soplar velas, los funcionarios de la Comisaría General de Información (CGI) irrumpieron en la casa de quien fue secretario de Estado de Seguridad entre 2013 y 2016 (es decir, número dos en el influyente Ministerio del Interior dominado entonces por Jorge Fernández Díaz) y lo arrestaron por su vinculación con otra supuesta red de blanqueo y compraventa de datos robados. El jueves, la magistrada María Tardón, instructora de la Audiencia Nacional, lo envió a prisión provisional por riesgo de destrucción de pruebas. Martínez continúa así con su descenso a los infiernos.

Francisco Martínez, conocido como Paco entre sus allegados, ha caído ya muchas veces. Es difícil averiguar qué día emprendió esa cuesta abajo. Pero, desde luego, el calendario arroja una fecha que cambió su vida por completo. El 31 de diciembre de 2011, el BOE publicó lo siguiente: “Previa deliberación del Consejo de Ministros, vengo en nombrar director del gabinete del ministro del Interior a don Francisco Martínez Vázquez”. De esta forma, a propuesta de Jorge Fernández Díaz, Martínez dejaba su puesto de discreto funcionario como letrado en el Congreso —donde hizo muy buenas migas con la bancada popular— y pasaba a formar parte del núcleo duro del departamento donde se urdirían oscuras maniobras en los años siguientes para atacar desde el poder a los adversarios políticos del PP: como la Operación Kitchen, para robar material comprometedor que guardaba Luis Bárcenas, extesorero del partido; la Operación Cataluña, para desprestigiar con pruebas falsas a dirigentes del nacionalismo catalán; o la guerra sucia contra Podemos.

Al año de aterrizar en Interior, Martínez ya había escalado al puesto de secretario de Estado de Seguridad, que había abandonado Ignacio Ulloa, juez y fiscal de carrera. Según explicó el propio Ulloa en una comisión de investigación del Congreso, el ministro le dijo que quería “impartirle un ritmo más político a esa Secretaría de Estado”. “Y yo lo único que podía ofrecerle eran mis conocimientos técnicos y mi trabajo. No podía ofrecerle ni política, ni proyección mediática, ni maniobras arteras, ni ningún género de actuación que no fuera el estricto cumplimento de la ley”, añadió. Así que Fernández Díaz lo cambió por Paco, que se convirtió en su “mano derecha”, según reconoció Martínez en la Audiencia Nacional al declarar por el caso Kitchen: en la “persona de confianza” del ministro, en el hombre al que llamaba a cualquier hora del día para dar indicaciones —“por la mañana, por la tarde, por la noche… Los sábados, los domingos…”—.

“Mi grandísimo error en el Ministerio fue ser leal a miserables como Jorge [Fernández Díaz], Rajoy o [María Dolores de] Cospedal”, resumiría el 22 de enero de 2020 en un mensaje de WhatsApp que le envió al entonces presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, cuando Martínez se enteró ese mismo día de que el juez instructor Manuel García-Castellón lo había llamado a declarar como imputado por el espionaje a Bárcenas.

Esa citación fue la puntilla personal para él, pese a que llevaba varios meses desesperado. Desde principios de 2019, el runrún de que acabaría encausado por esa trama no había parado de crecer en los círculos políticos y judiciales. La instrucción, aunque permanecía todavía secreta, había ido estrechando el cerco sobre él, desvelando detalles de la asidua relación que había mantenido con comisarios de las cloacas del Estado, como José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño, alias El Gordo.

De hecho, el ex secretario de Estado había salvado los muebles hasta ese momento. Después de que Rajoy apartara a Fernández Díaz de Interior en 2016, el nombre de Martínez seguía poniéndose en valor dentro de la ejecutiva popular. El partido le hizo un hueco en las listas para las elecciones de ese año, lo que le permitió salir elegido diputado por primera vez. También acudía a tertulias de medios de comunicación, espoleado por una formación conservadora que lo presentaba como experto jurídico. Pero los crecientes rumores sobre su imputación en Kitchen lo cambiaron todo. En marzo de 2019, la nueva dirección de Pablo Casado lo dejó fuera de las listas para los comicios adelantados por Pedro Sánchez. A Martínez le sentó fatal. Aseguraba que le habían dejado “tirado”. Así se lo decía a Teodoro García Egea, entonces secretario general, en un mensaje telefónico: “Yo tengo ya pocas esperanzas de hablar contigo o con alguien del equipo de dirección actual. Sabes que me conformo con ir en la candidatura de la Asamblea de Madrid y, cuando pase la tormenta, si no contáis conmigo, vuelvo a mi profesión sin problema. Creo que tengo derecho a no quedar marcado y señalado, abandonado por el partido”.

Su “ansiedad”, “frustración” y “enfado” iban en aumento, según él mismo ha reconocido. Y llegó a escribir al ya expresidente Rajoy para que intermediara en su favor: “Desde hace unos meses, por razones que conoces, he pasado de ser alguien valioso para el partido a ser apartado como una especie de apestado. Creo que no es justo y que no me lo merezco. Tanto tu Gobierno como el partido solo han tenido lealtad y compromiso por mi parte, en momentos muy difíciles”. No consta que Rajoy le contestase.

En enero de 2020, Martínez fue imputado por Kitchen, pero no cayó solo. Antes había acudido a una notaría a registrar unos SMS que se cruzó con Fernández Díaz en plena operación parapolicial y que demuestran, según el juez García-Castellón, que estaban al tanto de la trama. El exministro lo niega y el ex secretario de Estado alega que no sabía que la actuación de los agentes era ilegal. Sin embargo, el magistrado los procesó en 2021: al primero, como autor intelectual; y al segundo, como “coordinador”. La Fiscalía pide 15 años de cárcel para ellos. El juicio está programado para 2026.

Los investigadores también hallaron una nota que Martínez había escrito en su teléfono que decía: “Lo que nadie puede pretender es que sea una especie de mártir de una causa que no era la mía, que nunca lo fue y en la que me vi involucrado exclusivamente por lealtad y obediencia”. Precisamente, la intervención de su móvil provocó que, más tarde, se le haya abierto otro frente judicial. En sus mensajes con el comisario García Castaño se observa cómo le solicitó información confidencial sobre diputados de Podemos, lo que le implica supuestamente en la guerra sucia contra el partido de izquierdas, por la que le mantiene imputado el magistrado Santiago Pedraz.

Casado y con tres hijos, Martínez había abandonado el foco público con su salida de la política y su encausamiento en Kitchen. Tras un breve regreso a su puesto de funcionario de las Cortes, donde intentaba pasar desapercibido, se pasó al sector privado y comenzó a ejercer como abogado en un despacho de la capital. Poco a poco, estaba empezando a publicar artículos jurídicos en la prensa conservadora. Pero el martes, su vida dio otro vuelco.

Según fuentes de su entorno, la Policía irrumpió en su casa a las 6.30 de la mañana. Durante más de 12 horas registraron su domicilio y su despacho en busca de pruebas de su implicación en “una organización criminal” dedicada al robo de datos confidenciales mediante complejos ciberataques, para la posterior venta de la información sensible en el mercado negro y el blanqueo de los beneficios a través de una estructura societaria creada ad hoc. Los agentes también arrestaron ese día al conocido hacker José Luis Huertas, alias Alcasec, con quien el ex secretario de Estado mantenía una relación desde que hace un lustro lo defendiese como abogado cuando era menor de edad.

Tras pasar dos días detenido, Martínez se sentó el jueves ante la magistrada Tardón. Entonces, proclamó su inocencia y, como arguye sobre sus imputaciones en Kitchen y la guerra sucia contra Podemos, insistió en que todo responde a un malentendido y que, en cierta manera, lo utilizaron. Su tesis de defensa es que creó dos empresas para Alcasec, pero que no sabe qué uso le dio él después; y que, aunque entró en una de las presuntas herramientas creadas por el pirata informático para sus tejemanejes, lo hizo como su “asesor jurídico”, además de decir que allí no vio nada irregular. Pese a ello, la jueza decretó su ingreso en prisión: “Por el riesgo de destrucción o alteración de pruebas”.