Por qué ha fracasado el ‘macrofondo’ de las pensiones de Escrivá: No le interesa a nadie

“Esto ha sido como pensar en el color del trampolín antes de construir y rellenar la piscina”. Esa es la metáfora que utiliza Diego Valero, uno de los mayores expertos en pensiones de España, para definir lo ocurrido con el macrofondo de pensiones creado bajo el mandato del ministro José Luis Escrivá —ahora gobernador del Banco de España—. 18 meses después de su creación no ha recibido ni un euro de aportación y, para colmo, parte de su cúpula ha dimitido hace apenas unos días.

El fondo de pensiones de empleo de promoción pública (FPEPP) iba a ser un pilar de la nueva arquitectura de ahorro para la jubilación. Cuando Escrivá se convirtió en Ministro de Seguridad Social en 2020 encargó una profunda reforma del sistema partiendo de la base de que los planes de pensiones individuales eran regresivos —benefician más a las rentas altas— y se utilizan como vía de arbitraje fiscal. Por eso, topó a 1.500 euros al año el dinero que se puede aportar a estos vehículos y a la vez priorizó el ahorro vinculado a la negociación colectiva, en los llamados planes de empleo. En estos es la empresa quien destina una parte del sueldo a aportaciones al fondo de pensiones de su plantilla. Y, con la normativa vigente desde entonces, se pueden llegar a meter 8.500 euros al año como máximo y esta cantidad está exenta de tributación.

En España ya había en 2021 más de 115.000 millones de euros ahorrados a través de planes de pensiones, aunque el 80% estaba en planes individuales. Pero el Gobierno quería que el ahorro privado se desviara de los planes individuales a los colectivos. Y para ello, junto a los cambios fiscales, creó dos figuras: los planes de pensiones simplificados (que acercaban las pensiones privadas a los autónomos) y también el mencionado FPEPP, bautizado por la prensa como el macrofondo de Escrivá.

Los primeros detalles se empezaron a conocer en febrero de 2022: el Estado contrataría a cinco gestoras privadas para que istraran el dinero que llegase al fondo. Las elegidas fueron VidaCaixa, Santander, BBVA, Ibercaja y Caser. Cada una de ellas ofrecería tres planes. Esos 15 vehículos deberían canalizar en tres años al menos 2.500 millones de euros.

Para gobernar esta nueva figura se crearon dos comisiones: una comisión promotora y una comisión de control. La primera está compuesta por nueve funcionarios y se encargó de seleccionar a las entidades gestoras de los planes y nombrar a los de la segunda. La comisión de control, en cambio, está integrada por cinco profesionales independientes (elegidos por Seguridad Social y que acaban de dimitir), cuatro representantes de sindicatos y cuatro de organizaciones patronales. Tras esta renuncia, desde Seguridad Social han restado importancia a la decisión de estos profesionales y atribuyen el cambio a que ahora se está en un momento distinto de la implantación del fondo. De hecho, fuentes de este organismo aseguran que “en un plazo muy breve se va a iniciar el proceso para seleccionar los puestos de de la Comisión de Control Especial de los Fondos de Pensiones de Empleo de Promoción Pública Abiertos, para seguir con su despliegue”. Pero lo cierto es que el dinero sigue sin llegar.

¿Qué ha pasado desde entonces para que el macrofondo no haya arrancado? ¿Por qué, una vez levantado el andamiaje legal, elegidas las gestoras, nombrados los de las comisiones y constituidos los 15 planes, aún no ha llegado el dinero? ¿Por qué sigue la piscina vacía si el trampolín ya está pintado? Porque a nadie le interesa.

Desinterés generalizado

Distintos expertos consultados por este periódico coinciden en la falta de interés generalizado entre los diferentes agentes que participan en el proyecto. En cualquier plan de pensiones de empleo, o colectivo, hay varios actores e intereses en juego. Los principales, la empresa que lo promueve y los sindicatos, que integran de forma paritaria una comisión de control que se encarga de monitorizar cómo está istrando el dinero la gestora que tiene ese encargo. Con el macrofondo de Escrivá se ha querido prescindir de esas comisiones de control —al crear una genérica, que valiera para todos los planes— y se ha exigido a las gestoras participantes que cobren una comisión mínima (del 0,3% anual).

“Al final, el gran problema de este vehículo es que no le conviene a nadie”, explica, bajo condición de anonimato, uno de los dimitidos de la comisión de control especial del FPEPP. “Los sindicatos y las empresas prefieren participar en comisiones de control particulares, de cada uno de los planes en los que participan. Aunque no es un trabajo remunerado, sí que se cobran dietas y a menudo se organizan eventos para sus ”, relata este veterano profesional.

Las gestoras de planes de pensiones tampoco tienen ningún incentivo en participar en ese fondo de promoción pública, puesto que las comisiones que pueden cobrar son mínimas. De hecho, en el primer gran acuerdo firmado ya con el nuevo modelo, el sector de la construcción y VidaCaixa decidieron optar por el plan de pensiones simplificado, en lugar de ir hacia el fondo de promoción pública.

El gran interesado en fomentar este vehículo era el Ministerio de Seguridad Social “pero, desde la salida de Escrivá y su equipo, el proyecto se ha desinflado y la nueva ministra [Elma Saiz] no tiene ningún interés en reactivarlo”, explica una fuente que estuvo en la gestación del nuevo modelo de planes de pensiones. Sin embargo, desde la Seguridad Social aseguran lo contrario: “El impulso de segundo pilar sigue siendo una apuesta de este ministerio”. Y como prueba de ello apuntan a la inminente selección de los nuevos de la Comisión de Control para sustituir a los dimitidos.

El gran acicate que se esperaba para el arranque del FPEPP era que el nuevo vehículo se pudiera hacer cargo del dinero que hay en planes de empleo promovidos por las istraciones públicas. En España hay alrededor de 6.000 millones en planes de los funcionarios de la istración General del Estado, de la Generalitat, de empresas públicas, ayuntamientos... Pero con la crisis de 2008 se suspendieron las aportaciones. Tras casi tres lustros sin llegada de dinero nuevo, esos planes van menguando. “Es una cuestión muy ideológica, ni la ministra de Hacienda ni los socios de Gobierno creen en las pensiones privadas, por lo que es muy difícil que se reactiven”, explica la misma fuente.

Tres causas del fracaso y tres propuestas

En esta línea, el director del Área de Previsión y Pensiones de Mercer y vicepresidente de la Organización de Consultores de Pensiones (Ocopen), Miguel Ángel Menéndez, apunta a tres motivos claros por los que el macrofondo no funciona. El primero es que el Gobierno no haya depositado en él los fondos de las istraciones, fundamentalmente el de la istración General del Estado. “Que no hayan entrado los empleados públicos es crítico, porque habrían actuado como elemento tractor para las empresas”, indica Menéndez.

En este punto, fuentes de la Seguridad Social iten que “es cierto que reúne las características para poder integrarse en un fondo de pensiones de empleo de promoción pública abierto y se trabaja en esa dirección”. Pero se desconoce en qué momento del despliegue está este posible trasvase de fondos.

El segundo de los motivos que encuentra Menéndez para el fracaso de este vehículo de ahorro es que para que uno de estos planes de empleo se cree para todo un sector deben ponerse de acuerdo todas las partes (empresas y sindicatos) y, a veces, las organizaciones sindicales entre sí. Además, en tercer lugar, estos deben renunciar a su gestión y cedérsela a la Comisión de Control antes citada en la que están incluidos también profesionales nombrados por el Gobierno. “Los agentes sociales piensan: si yo promuevo un plan, lo quiero gestionar yo, no dárselo a terceros”, añade este consultor.

Por ello, sugiere también tres soluciones: que el artículo 85 del Estatuto de los Trabajadores recoja el deber de negociar en los convenios colectivos este tipo de planes, siempre respetando la adscripción voluntaria de los trabajadores a ellos. Seguidamente, Menéndez propone que se incentive particularmente la participación en estos fondos de los trabajadores más jóvenes y aquellos con rentas más bajas. Y, finalmente, sugiere que los interlocutores sociales se implicarían más en difundir estos planes si los profesionales independientes salieran de la Comisión de Control.