Petro no cumple su promesa de acabar la precarización laboral en el Estado

La semana pasada uno de los congresistas estelares del petrismo, David Racero, pasó a la oscuridad. En medio de los debates sobre la reforma laboral, bandera central para el presidente Gustavo Petro, el periodista Daniel Coronell reveló que el representante la Cámara ofrecía un trabajo sin prestaciones sociales y con una jornada mayor a la legal, en un supermercado de su propiedad; y que negociaba de forma clientelista puestos estatales con las cabezas de dos entidades. Racero negó los señalamientos de precarización laboral y clientelismo, a los que llamó “linchamiento mediático”. Fue acusado de ‘doble rasero’ en su defensa de los trabajadores, y no es la primera vez que algo similar ocurre entre aliados del Gobierno.

Los casi tres años en la presidencia de Petro han estado marcados por varios escándalos que muestran que el Gobierno del cambio, en cuanto al clientelismo y la contratación de personas por fuera del marco de los derechos laborales, poco ha cambiado. Las famosas órdenes de prestación de servicios u OPS, que en muchas ocasiones se usan como moneda de cambio del clientelismo, siguen campantes. “El contrato de prestación de servicios debe pasar a la historia”, dijo el presidente en 2022, meses después de arrancar su mandato. Ese tipo de contrato, añadió, “encubre una relación laboral, de manera mentirosa, solo para sobreexplotar”. Este año repitió que los contratistas en esa modalidad habían sido “esclavizados”. Sin embargo, su Gobierno no solo no acabó la figura, sino que la aumentó.

Armando Benedetti, su ministro del Interior, firmó más de 100 contratos de prestación de servicios para enganchar personas en sus primeros tres meses en el cargo este año, como reveló El Tiempo. María Isabel Urrutia, la primera ministra del Deporte de Petro, enfrenta un juicio por firmar 104 contratos de un tirón cuando ya había acordado su salida del cargo. En la empresa de medios públicos, RTVC, varios trabajadores denuncian que la gerencia les hace contratos de prestación de servicios de tan solo tres meses, agravando su inestabilidad laboral. César Augusto Manrique Soacha, director del Departamento istrativo de la Función Pública hasta el 2024 (la institución encargada de promover el buen manejo del empleo público), fue condenado en marzo por corrupción por un contrato que firmó en 2012 para la millonaria compra de unas motos durante la alcaldía de Petro.

En Colombia es legal contratar a una persona por prestación de servicios, y no con contrato laboral. A diferencia de los empleados, no tienen derecho a vacaciones remuneradas, pago de cesantías o de primas, ni a que su empleador asuma parte del costo de su seguridad social. Por eso, solo se puede usar esa figura cuando la persona tiene libertad en sus horarios, puede tener más de un contrato o sus propias herramientas de trabajo, entre otras restricciones. En el caso del Estado, además, deben estar limitados a servicios excepcionales que no puede hacer un empleado púbico planta, y definiendo claramente su labor. Pero es ilegal usarlos para duplicar funciones, para dar dineros a cambio de ningún servicio o para funciones que deberían estar reguladas en un contrato laboral. Son esos abusos los que han llevado al presidente a decir que se deberían acabar de raíz los contratos de prestación de servicios.

Pero no ha ocurrido. Un estudio del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana publicado en marzo y que se basa en cifras oficiales del DANE, el número de personas con contratos de prestación de servicios en el Estado subió en 44% del 2020 al 2024: de 503.000 a 723.000 contratos. Según los datos del SECOP, la plataforma oficial de contratación, muestra una tendencia al alza desde 2020, con unos 747.000 contratos en 2024. Cálculos de El Tiempo y La Silla Vacía también han confirmado que Petro ha roto récords en cuanto a contratos de esta índole. “Creo que al presidente le faltó voluntad política”, dice Juliana Morad, abogada y directora del Observatorio. Si bien la tendencia arrancó con el expresidente Iván Duque, señala, “el Gobierno de Gustavo Petro ha generado más cuenta propia estatal”.

Dos expertos en el tema explican que los Gobiernos en general suelen inclinarse por estos contratos porque son de fácil aprobación, mientras que crear cargos de planta es muy engorroso y mucho más regulado que en el sector privado. Como se trata de crear un puesto indefinido, las reglas exigen estudios presupuestales y aprobaciones burocráticas.

Morad acepta que es retador. “Pero un presidente es el Ejecutivo, y puede hacer modificaciones del empleo público si está entre sus prioridades”, insiste. “En el caso de Gustavo Petro, su discurso laboral se ha concentrado en lo que le pedían los sindicatos, mover el Código del Trabajo, pero no hizo del empleo público una prioridad. Eso es muy decepcionante, porque sus promesas se quedaron en gritos y pocos hechos. Estos cambios implicarían una planeación silenciosa, que no da votos pero que hubiera transformado la vida de miles”.

Además de la inflexibilidad, existen las razones clientelistas para mantener el statu quo. Los expertos suelen decir que tres contratistas hacen lo que hace un solo empleado, pero son tres contratos que se pueden firmar rápidamente y que muchos políticos (desde presidentes hasta alcaldes) usan para pagar favores o mantener lealtades.

“Cambiarlo pisa muchos callos. Mucha gente en el poder prefiere mantener esos formatos de esclavitud porque se vuelven mediadores: usted le queda debiendo el favor a quien le dio el contrato, y los salarios son discrecionales”, dice la senadora Angélica Lozano, quien ha impulsado un proyecto de ley para que esos contratistas tengan derecho a vacaciones, garantías de capacitación, licencias de luto, o una lista de tarifas para que no se les pague de forma arbitraria. “El mayor incumplidor [de estos derechos] es el Estado”, añade.

En época preelectoral, a un año de las votaciones por la presidencia, la alarma es que el uso clientelar de esos contratos aumente, como ha ocurrido en Gobiernos anteriores. Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda de Juan Manuel Santos y aspirante presidencial, denunciaba esta semana que el Gobierno ha entregado “374.000 contratos de prestación de servicios en lo que va corrido del año (...) para conseguir votos a favor del Gobierno”. Miles de contratistas no son parte de clientelas, y el Gobierno Petro no inventó la figura. Pero sí fue el jefe de Estado que prometió pasarlos a la historia, una que no ve por ahora un punto final.