Leire Díez solicita la baja voluntaria como afiliada del PSOE

Leire Díez se va del PSOE. Díez ha solicitado la baja voluntaria como militante seis días después de que el partido le abriese un expediente informativo sin aplicarle medidas cautelares. La socialista ha acudido por la tarde a la sede estatal del partido, donde se ha reunido durante casi dos horas con el director de los servicios jurídicos del partido, Alberto Cachinero, que era el instructor de su expediente, a raíz de la crisis que ha causado su actuación en reuniones con empresarios y abogados en las que ofreció tratos favorables con la istración, incluidas la Fiscalía y la Abogacía del Estado, con el propósito de obtener información comprometedora de mandos de la Unidad Central Operativa (UCO). La unidad anticorrupción de la Guardia Civil tiene abiertas varias investigaciones que afectan a del Gobierno y del PSOE.

La ya exafiliada, que niega ser una fontanera de Ferraz, ha entregado según afirman fuentes conocedoras de la reunión a EL PAÍS, un pendrive con la información que dice haber recabado sobre la trama multimillonaria de los hidrocarburos y sobre la denominada policía patriótica, la trama parapolicial responsable de la guerra sucia contra los independentistas catalanes y Podemos durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

Díez ha convocado a la prensa para este miércoles a las diez de la mañana en una comparecencia en un hotel madrileño en la que su intención es explicar las razones personales y orgánicas que le han llevado a pedir su baja como militante del Partido Socialista. En principio no está previsto que acepte preguntas. Una de las razones que justificarían su renuncia al carnet de militante es que de ese modo tendría más libertad para defender su investigación contra determinados mandos de la UCO sin comprometer al PSOE y, por extensión, al Gobierno. Díez se ha negado a hacer declaraciones tanto a su llegada a la sede del PSOE, a las 16.25, como a su salida, a las 18.40, en medio de un enjambre de cámaras y periodistas. La expectación mediática ha sido similar a la de los comités federales, que reúnen a la dirección estatal, los barones y líderes territoriales y a otros dirigentes del partido.

La reunión con el responsable de los servicios jurídicos encargado de recopilar la información sobre el caso y las alegaciones de Díez era el paso previo a un posible expediente disciplinario que podría conllevar la expulsión del PSOE por el daño a la imagen y reputación del principal partido del Ejecutivo. Las fuentes consultadas contemplaban que esa posible decisión llegaría como tarde a finales de esta semana. Según la versión ofrecida por el PSOE, Díez ha renunciado de forma voluntaria como militante al final de su declaración. Díez ha pedido comunicarle directamente al secretario de Organización, Santos Cerdán, su renuncia como militante, y así ha ocurrido, señalan fuentes conocedoras de la reunión. El partido ha explicado que, “en cuanto la misma sea efectiva, cualquier medida de carácter orgánico quedará suspendida”.

Líderes territoriales socialistas reclamaban en público y privado un gesto contundente que sirviera de “pararrayos” al daño que el comportamiento de Díez estaba ocasionando a las siglas de un partido que acaba de cumplir 146 años de historia. El nerviosismo entre los cuadros de todo el escalafón iba a más conforme se sucedían los días y se conocían más detalles de la forma de proceder de Díez. La reacción de Ferraz también era cada día más cuestionada por parte de los cargos que reclamaban una respuesta rápida y tajante para salvaguardar al partido, sometido a una ofensiva durísima de la derecha.

La renuncia de Díez se ha recibido con un alivio automático a lo largo y ancho del escalafón del partido. Y ha facilitado al PSOE una salida, sin tener que esperar a que el partido tuviese que abrir un expediente disciplinario que habría llevado días. En Ferraz insistían, para justificar el tiempo que se estaban dando, que Díez era una militante de base “que tiene deberes, pero también derechos”, al tiempo que reiteraban que no estaba en nómina del partido ni trabajaba a sus órdenes. Licenciada en Ciencias Sociales y de la Información, Díez esgrimió para justificarse que su intención era “sacar información para un libro de investigación sobre temas de hidrocarburos”. El empresario Javier Pérez Dolset, imputado en la Audiencia Nacional por una causa sobre fraude que él niega, ha afirmado que lleva seis años investigando con Díez “las cloacas del Estado”.

El PSOE inició el pasado miércoles un expediente tras la presión creciente tanto dentro como fuera del partido para que se actuase con urgencia. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, instó a tomar “medidas drásticas e incluso medidas legales”.

Las informaciones conocidas los días posteriores habían redoblado aún más la presión, forzando incluso a Correos a emitir un desmentido en el que aseguraba que la socialista “nunca fue responsable del voto por correo” en las elecciones generales de 2023. Díez fue directora de Filatelia y Relaciones Institucionales entre febrero de 2022 y principios de 2024, durante la etapa como director ejecutivo de Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez antes de su llegada a La Moncloa. Previamente fue responsable de comunicación en Enusa, la empresa estatal de uranio, entre octubre de 2018 y diciembre de 2021 durante la presidencia de José Vicente Berlanga, hombre de confianza de José Luis Ábalos.

Díez defendió su inocencia el viernes en un chat de militantes del PSOE de Cantabria, según avanzó EL PAÍS. “Me llamó Juanfran Serrano [el número dos de Santos Cerdán en el área de Organización del PSOE] para decirme lo del expediente informativo. Me han dicho que me llamarán”, escribió Díez en el grupo de WhatsApp. “He pedido que sea lo antes posible para explicar y mostrar la investigación que estoy llevando a cabo para que se disipen las dudas y se compruebe la complejidad y la importancia de la investigación”, les transmitió. Díez aseguró, además, que iba a poner la información que habría recopilado “a disposición [del PSOE] para su análisis”. “Y de verdad que estoy aliviada de poder compartirla”, abundó, transmitiendo así la idea de que habría actuado por su cuenta y no mandatada por el partido.

Dirigentes del PSOE entre los que se encuentran barones, diputados y senadores, defendían desde el inicio de la crisis que el partido podría aplicar el artículo 8 de los estatutos del PSOE. Ese punto establece que un militante del que se “observe mala conducta cívica o ética, falte al programa o a los acuerdos o resoluciones de los órganos competentes del Partido, exprese públicamente sus opiniones en términos irresponsables o con deslealtad al Partido o a sus afiliados, cometa actos de indisciplina, injurie o calumnie a alguna persona que pertenezca al partido, o de cualquier otra forma viole las obligaciones que a todos del Partido imponen los presentes Estatutos Federales y la normativa citada, será sancionado previos los trámites reglamentarios y mediante decisión de los órganos competentes, con medidas que podrán llegar hasta la expulsión en aplicación del régimen disciplinario”.

El artículo 92 de los estatutos regula cuáles son los dos escenarios que afronta Díez: el archivo de su causa o un expediente disciplinario que podría suponer su suspensión cautelar como militante. Fue la misma medida que se aplicó a Ábalos, exministro de Fomento y exsecretario de Organización del PSOE, tras negarse a renunciar al acta de diputado en febrero de 2024, como le exigió Ferraz tras el estallido del caso Koldo. El Tribunal Supremo investiga a Ábalos, que desde entonces forma parte del Grupo Mixto en el Parlamento, por cuatro delitos (tráfico de influencias, organización criminal, cohecho y malversación).

El punto mencionado de los estatutos establece que “con anterioridad a la iniciación del expediente disciplinario”, la dirección federal del PSOE o los órganos competentes “podrán realizar, si lo consideran necesario, actuaciones previas con objeto de determinar si concurren circunstancias que justifiquen tal iniciación”. Y añade que el órgano ejecutivo que acuerde el inicio de las actuaciones nombrará a un instructor “con el propósito de recabar la información respecto a los hechos que se han producido”. Justo lo que este martes ha sucedido en Ferraz, donde Díez ha tenido la oportunidad de defenderse antes de solicitar su baja. “Una vez recabadas las pruebas oportunas, el instructor pondrá en conocimiento del órgano ejecutivo correspondiente todas las actuaciones realizadas, quien adoptará la decisión de incoar el expediente disciplinario o archivar la causa”, añade el artículo.

Aunque ya no será necesario, el instructor tenía previsto terminar el expediente informativo una vez que hubiera incluido todo el material necesario para que los órganos políticos tomasen la decisión de seguir adelante con un expediente disciplinario o archivar el caso. La comisión federal de ética y garantías, el máximo órgano disciplinario del PSOE, solo habría intervenido si Díez hubiese recurrido en el supuesto de que hubiese sido sancionada y de que no estuviese de acuerdo con el castigo.

Transcurridos 16 meses, el máximo órgano disciplinario del PSOE aún no ha resuelto la suspensión cautelar de Ábalos, que la ha recurrido y tachado de “arbitraria”. El PSOE mantiene abierto el expediente disciplinario al ex ministro de Fomento y ex secretario de Organización, sin resolución definitiva, argumentando que se tramita con garantías debido a su relevancia en el partido. En perspectiva, la crisis protagonizada por Díez se ha resuelto en menos de una semana que para el PSOE ha sido eterna.